El cambio climático es uno de los desafíos más importantes que enfrenta Argentina, un país altamente vulnerable debido a su perfil productivo y características geográficas. Según estimaciones de CEPAL (2014), los costos de los impactos previstos del cambio climático podrían alcanzar 6% del PIB en 2030. Además, la exposición a eventos climáticos extremos, tales como sequías e inundaciones, desertificación, escasez de agua, incendios forestales y retroceso de glaciares hacen que el cambio climático sea un tema prioritario en la agenda pública de largo plazo, con impactos en la productividad y la competitividad de los sectores productivos.

En diciembre de 2020, en su Contribución Nacional Determinada (NDC por su sigla en inglés), Argentina se comprometió a no exceder la emisión neta de 359 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MTCOe2) en el año 2030.^[1] Además, el país ha incorporado una meta de adaptación para lograr disminuir las vulnerabilidades territoriales, socioeconómicas y ambientales y fortalecer la resiliencia de los diferentes sectores hacia 2030.

La presión de los objetivos globales de descarbonización en el corto y largo plazo, sumada al rápido desarrollo de tecnologías limpias, genera oportunidades para la inversión verde en Argentina, así como a nivel global. En este contexto, el gobierno argentino ha establecido una arquitectura institucional para diseñar y emprender los pasos necesarios para la formulación de una Estrategia Nacional de Finanzas Sostenibles.

En 2020 se creó la Mesa Técnica de Finanzas Sostenibles, liderada por el Ministerio de Economía y con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este espacio representa el primer paso hacia el objetivo general de formular una Estrategia Nacional de Finanzas Sostenibles que identifique y genere las condiciones para que el sector financiero pueda movilizar de forma escalable los recursos necesarios para alentar inversiones que contribuyan a alcanzar objetivos económicos, ambientales y sociales, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y, a la vez, dar respuesta al cambio climático a través del financiamiento de estrategias de mitigación y adaptación a largo plazo.

En este sentido, recientemente el Ministerio de Economía, junto Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores, y la Superintendencia de Seguros de la Nación, firmaron una declaración conjunta que apunta a impulsar el desarrollo de las finanzas sostenibles en Argentina.

La declaración se enmarca en el trabajo de la Mesa Técnica de Finanzas Sostenibles y busca promover una adecuada incorporación, gestión, regulación y supervisión de los riesgos asociados a los criterios sociales, ambientales y de gobernanza (ASG), incluidos los riesgos financieros y de balanza de pagos vinculados al clima, con el objeto de diseñar políticas que contribuyan al fortalecimiento, el desarrollo y la estabilidad del sistema financiero argentino. Este acuerdo suscripto contribuirá, además, al diseño de una Estrategia Nacional para el desarrollo de las finanzas sostenibles en Argentina, y a continuar sensibilizando y concientizando a los diferentes actores del sector bancario, de seguros y del mercado de capitales argentino sobre estos riesgos, para que las entidades bajo su regulación y supervisión comiencen a identificarlos, a gestionarlos adecuadamente y a incorporarlos en sus decisiones de crédito y de inversión.

^[1] Esto corresponde a una reducción total de 19% de las emisiones respecto al pico alcanzado en 2007.