¿Qué esperar de la COP29? Financiamiento y ambición en la mitigación los puntos clave
Los impactos del cambio climático y las amenazas asociadas eventos extremos están revirtiendo los avances en materia de desarrollo sostenible y amenazando el bienestar de las personas y la salud del planeta, según un informe interinstitucional coordinado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM, 2024).
A pesar de que se observa un progreso más rápido de lo esperado en el despliegue de tecnologías de energías limpias, las emisiones anuales mundiales de CO2 han aumentado de 2020 a 2023, aún con el Acuerdo de París (AP) en vigor. En efecto, informes recientes indican con preocupación que el ritmo de la acción climática es aún realmente lento.
Los efectos de los impactos climáticos sobre diversos sistemas naturales esenciales y sobre los servicios ecosistémicos que prestan, se hacen más graves, más extendidos y más visibles, tanto por su propia importancia, como por la extrema severidad de sus múltiples consecuencias, a escala mundial y local. Así pues, esos efectos se suman al proceso de creciente concienciación -por parte de la sociedad y de los agentes económicos y financieros- respecto de los riesgos y daños climáticos, que pondrán en peligro tanto los medios de vida, como también pondrán en peligro los modelos empresariales y financieros más tradicionales.
No obstante, hay toda una serie de señales e indicadores de que las transiciones sociotécnicas están en marcha, aunque en algunos casos esas transiciones sean sólo incipientes o estén atravesando las primeras fases de su largo y difícil camino hacia su materialización final a mediados de siglo.
El balance mundial es un proceso previsto en el Acuerdo de París para que los países y las partes interesadas verifiquen si están avanzando colectivamente hacia el cumplimiento de los objetivos del AP, e indiquen dónde no lo están haciendo, proporcionando así un panorama general del estado de avance de la acción climática, así como una evaluación de los progresos realizados hacia los objetivos acordados.
El primer balance mundial del Acuerdo de París (GST-1) concluyó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) de diciembre de 2023 con la adopción de una decisión. Mediante la Decisión 1/CMA.5, la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París, en el párrafo 18, «[re]conoce que se han realizado progresos colectivos significativos hacia el objetivo de temperatura del Acuerdo de París, pasando de un aumento previsto de la temperatura mundial de 4 °C según algunas proyecciones anteriores a la adopción del Acuerdo a un aumento del orden de 2,1-2,8 °C con la plena aplicación de las últimas contribuciones determinadas a nivel nacional».
En este contexto, la principal responsabilidad y la misión específica de la próxima COP29 en Bakú, Azerbaiyán, en noviembre próximo, es delinear soluciones y forjar senderos apropiados, que permitan avanzar en, al menos, 2 cuestiones claves – que son hitos del proceso de negociación de este año y hacia fines del 2025, a realizarse en Brasil – para el financiamiento del desarrollo sostenible en Latinoamérica.
En primer lugar, la consideración respecto de cómo impulsar ambiciosamente la acción climática a partir de la presentación de las nueva generación de NDCs. En 2025, los países deben remitir sus nuevas NDCs, virtualmente unas contribuciones 3.0, que deberían estar informadas además por los resultados del GST-1, presentado en la COP28. Estas contribuciones habrán de funcionar a nivel nacional como una hoja de ruta de los programas de inversión para el uso eficiente del financiamiento climático, con el fin de asegurar la implementación de las estrategias de transformación de los países.
En particular, las NDC deben incorporar los esfuerzos para reducir emisiones y adaptarse a los impactos, que cada país debe llevar a cabo y luego informar, para demostrar el cumplimiento de sus compromisos internacionales (Según el Art. 3 del AP). Estas contribuciones debieran ser concebidas como instrumentos comprensivos, que incluyan metas de mitigación, adaptación, financiamiento, desarrollo tecnológico y fortalecimiento de capacidades, y cumplir con las orientaciones en materia de transparencia. La nueva ronda de NDC representa una oportunidad para integrar precisiones sobre los medios de implementación, un componente clave de la transformación en los países en desarrollo.
El segundo aspecto sustantivo de las sesiones de la COP29 es, en efecto, el financiamiento climático, y más concretamente, los acuerdos respecto del New Collective Quantified Goal on Climate Finance (NCQG), a constituirse con un aporte de los países desarrollados en función de responsabilidades históricas en la génesis del problema.
Hay un consenso extendido acerca de las nuevas metas cuantitativas a fijarse, que debieran estar basadas en las necesidades y prioridades de los países en desarrollo y partir de un piso de 100 mil millones de dólares, de acuerdo con el compromiso anterior, largamente demorado. Mas aun, se estima que las necesidades en las economías emergentes y en desarrollo (excluyendo a China) se elevarán aproximadamente al menos a unos 2 billones de dólares por año en el 2030.
Por eso, con independencia de cuan ambiciosa sea la meta de financiamiento que se consiga acordar, seguramente no alcanzará a satisfacer estas necesidades crecientes de fondos, y es vital usar el conjunto de los recursos disponibles de la manera más efectiva.
En consecuencia, es clave la participación de la inversión privada -empresas, inversores, desarrolladores de proyectos, fondos institucionales-, así como el aporte de la banca comercial en el financiamiento de las inversiones necesarias para materializar las transiciones sociotécnicas. En este sentido, como parte del proceso de mejora y expansión del fondeo global se considera asimismo la posibilidad de reforma del sistema financiero internacional, legado de Bretton Woods.
Micaela Carlino
Micaela es Economista y experta en finanzas sostenibles. Forma parte del equipo de la Fundación Torcuato Di Tella que, entre otras actividades, se encuentra a cargo de la operación de Green Finance LAC, plataforma de conocimiento de finanzas sostenibles del BID para países en desarrollo en Latinoamérica y el Caribe.