Un estudio reciente del BID llega concluye que para que América Latina y el Caribe alcance los objetivos del Acuerdo de París tendría que redirigir entre el 7% y el 19% del PIB (hasta 1,3 billones de dólares) del gasto público y privado al año. Si bien los países desarrollados han prometido 100.000 millones de dólares anuales de financiamiento climático a los países en desarrollo, estos flujos sólo representan una fracción de las necesidades totales y por lo tanto la acción climática implicaría replanteos estructurales.

Según el documento, las reformas regulatorias e institucionales son una pieza esencial del rompecabezas. El informe explora distintas reformas fiscales ecológicas y la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles. Los gobiernos también tendrán que gestionar los riesgos fiscales asociados con los objetivos climáticos. Por lo tanto, una estrategia fiscal a largo plazo  puede ayudar a identificar formas de sustituir estos ingresos. Además, la adaptación al cambio climático también está vinculada al gasto social, lo que resulta crucial para garantizar una transición justa.

Los gobiernos deberán diseñar estrategias climáticas integrales que definan las transformaciones necesarias en cada sector y que permitan planificar hojas de ruta para eliminar las barreras que impiden el financiamiento público y privado de la acción climática. La mayor parte del esfuerzo provendrá del replanteamiento de las instituciones, la planificación y las regulaciones para reorientar los flujos financieros públicos y privados existentes hacia soluciones climáticas.