Argentina fortalecerá su capacidad de planificar y financiar la acción climática, desarrollará un marco favorable para las finanzas sostenibles para asegurar las inversiones necesarias para una transición sostenible e inclusiva del sector privado, e impulsará la economía circular y la descarbonización de la actividad económica con un préstamo de US$500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Esta es la primera de dos operaciones consecutivas vinculadas técnicamente, pero financiadas en forma independiente, bajo la modalidad de préstamo programático en apoyo de reformas de política, las cuales están destinadas a vigorizar el crecimiento sostenible y resiliente del país.

Estas reformas de política son clave para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero de los sectores que generan el 80% de ellas: energía, transporte, agricultura, ganadería y cambio de uso del suelo. Así, se busca apoyar la descarbonización de la economía y contribuir a la meta establecida por el gobierno para la reducción de las emisiones anuales de CO2, de 366 a 349 millones de toneladas métricas hacia 2030.

Como resultado del programa se contará con marcadores presupuestales climáticos en el presupuesto nacional, incluyendo una partida para la conservación de más de cuatro millones de hectáreas de bosques nativos y protegidos. Asimismo, se contribuirá a la generación y registro, en un plazo de dos años, de 32 proyectos en el nuevo Registro Nacional de Proyectos de Mitigación ante el Cambio Climático.

Como parte del Plan de Desarrollo Productivo Verde, se espera aumentar el número de proyectos de energía renovable y eficiencia energética apoyados, desde los actuales 17 a 160 para 2024, e incrementar sustancialmente la participación de energías renovables en la matriz energética nacional.

En el aspecto financiero, se espera impulsar la emisión de bonos verdes, ampliar el número de bancos que emplean sistemas de análisis de riesgos ambientales y sociales para decidir la aprobación de sus operaciones, y aumentar la participación de fondos comunes de inversión que financian actividades con impacto significativo en algún aspecto social, ambiental, climático o de gobernanza.