Según los datos del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI) correspondientes al Cuarto Informe Bienal (IBA) 2020-21 las emisiones de GEI del sector energético del año 2018 alcanzaron el  51% del total de emisiones (366Mtco₂e).

En este contexto, resulta estratégica la planificación de la política a implementar respecto de la transición energética y su ejecución en el territorio nacional, teniendo en cuenta su capacidad de potenciar cambios de paradigma en todos los procesos de desarrollo económico, social y ambiental.

El 7 de julio por Resolución 517/2023 de la Secretaría de Energía (del Ministerio de Economía), Argentina aprueba el Plan Nacional de Transición Energética a 2030 y los Lineamientos y Escenarios para la Transición Energética a 2050[1]. Los documentos aprobados contienen los diferentes campos de acción y las distintas medidas que la Secretaría planea desarrollar en su sendero de transición energética, para dar cumplimiento con los compromisos asumidos en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático (CMNUCC).

La energía es un vector central para el desarrollo económico del país, por lo cual la política económica y la energética deben tener un enfoque conjunto y articulado, dentro de un programa de transición energética que contemple los recursos energéticos, las restricciones macroeconómicas, y los compromisos asumidos, a fin de convertirse en un sector dinámico que ayude a resolver los problemas sociales, productivos y energéticos que estructuralmente condicionan la calidad de vida de la población.

De acuerdo al plan “existen potencialidades en cuanto a energías bajas en emisiones de GEI a partir de excelentes recursos renovables, tanto por irradiación solar en zonas del norte del país y Cuyo, por buenos recursos eólicos en la Patagonia y las costas bonaerenses y por importantes caudales de agua para aprovechar en las numerosas cuencas hídricas del país”.

Establece metas cuantitativas al 2030:

• No exceder la emisión neta de 349 millones de toneladas de CO2 equivalente para toda la economía, lo que está en concordancia con la actualización de la última NDC.
• Reducir por eficiencia energética y uso responsable de la energía al menos un 8% la demanda energética.
• Superar el 50% de renovables en la generación eléctrica. Esto incluye las energías renovables de la Ley 27.191 (2015) e hidroeléctricas mayores a 50 MW.
• Alcanzar una penetración de autos eléctricos del 2% del parque de vehículos.
• Alcanzar los 1000 MW de generación distribuida renovable.
• Aumentar la Red de transmisión eléctrica de alta tensión en 5000 km de nuevas líneas.

Las inversiones requeridas del sendero de transición energético a 2030 podrían superar los 86 mil millones de dólares si se incluye también la capacidad a instalar para la producción de hidrógeno de bajas emisiones, requiriendo más de un 50% de divisas de acuerdo al contenido nacional de las inversiones.

Por lo tanto, el plan tiene entre sus objetivos la transformación del déficit energético en superávit y el aprovechamiento de los recursos locales, logrando una transformación económica y social, al desarrollar toda la cadena de valor de tecnologías energéticas, el desarrollo de la indsutria local y ser exportador de recursos energéticos. No obstante, para que el proceso sea sostenible se debe garantizar a lo largo del proceso el abordaje de la seguridad energética, la equidad social, la mitigación del cambio climático y el desarrollo tecno-industrial.