Hubo resultados realmente trascendentes en Sharm el-Sheikh, Egipto, en la COP 27 finalizada hace unos días. Aunque pueda haber diferentes valoraciones respecto de sus implicancias, en gran medida, los avances están vinculados a arreglos sobre la disponibilidad de financiamiento para la acción climática en diversos ámbitos.

Sin dudas, desde la perspectiva inmediata de la construcción del régimen climático internacional, la decisión más notable fue la creación de un fondo internacional para atender pagos por las denominadas pérdidas y daños, y apoyar a las víctimas de los desastres climáticos, especialmente, pero no sólo, en los pequeños estados insulares.

Esta cuestión, llevaba demorada cerca de treinta años en las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, desde la propuesta de Vanuatu, un Pequeño Estado Insular, en 1991 de la creación de un fondo de Naciones Unidas para contribuir a afrontar las consecuencias de la elevación del nivel del mar. Este tema que, constituía una fuente de controversias políticas cada vez mayores, y a la que los países en desarrollo consideraban imperativo dar respuesta, finalmente consiguió consenso para lograr un acuerdo histórico.

Si bien era considerada imprescindible por un mayoritario número de países, generaba preocupaciones en los países desarrollados (entre ellos, los Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea) e incluso, por su lado, en China, sobre las responsabilidades legales ilimitadas y reclamos de compensaciones por la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos. El aspecto legal fue hábilmente resuelto en el Artículo 8 del Acuerdo de París, que reconoce “la importancia de evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático”, al mismo tiempo que limita los eventuales aspectos contenciosos en la Decisión 1/CP.21, asociada al propio Acuerdo, por la cual las Partes convienen que “que el artículo 8 del Acuerdo no implica ni da lugar a ninguna forma de responsabilidad jurídica o indemnización”.

La adopción de un fondo para atender pagos por pérdidas y daños se hizo posible, finalmente casi al cierre de la COP, con una propuesta que permitía el acceso al fondo a todos los países en desarrollo, con alguna independencia de su nivel de vulnerabilidad dejando abierta la puerta al aporte de otros donantes de una variedad de fuentes, a los que convoca a contribuir, inclusive de fuera del proceso de Naciones Unidas, incluyendo una variedad de instrumentos y mecanismos de seguro, protección e impuestos así como donaciones de países desarrollados. Resta clarificar y hacer operativos los procesos de su financiamiento, en la próxima fase de la negociación. También lo que corresponde a la Red de Santiago para el apoyo técnico con el mismo propósito.

El financiamiento climático tradicional para reducir emisiones e impulsar la acción de adaptación también ha constituido una cuestión muy importante en la COP27. Estos esfuerzos de negociación reflejan la necesidad reconocida de aumentar la escala del financiamiento climático hacia los países en desarrollo, llevándolo de miles de millones de dólares a billones de dólares. El propio texto de la decisión de cobertura hace numerosas referencias a las brechas entre los flujos actuales y las necesidades de fondos. La misma estimación del Comité Permanente de Finanzas de la CMNUCC calcula que esos flujos en 2019-20 solo representaban alrededor de un tercio de todo lo necesario.

Las múltiples referencias a la cuestión financiera durante las negociaciones comprenden desde los llamados a la reforma de los sistemas financieros internacionales a un mayor involucramiento del financiamiento privado para ampliar la inversión de baja intensidad de carbono y/o directamente carbono cero.

Seguramente al tope de las preocupaciones respecto a las necesidades de fondos se cuenta la meta pendiente de 100 mil millones de dólares que los países más afluentes se comprometieron a aportar hace casi una década, y que debe ser reformulada y tendrá efecto más allá del 2025, reconstruyendo a la vez la confianza en el proceso.